Si un gobernado acude ante la autoridad respectiva a realizar el trámite de la Constancia de Alineamiento y Número Oficial, teniendo como antecedente registral diligencias de información testimonial ad perpetuam promovidas por el causante, las mismas constituyen un medio para demostrar que ha tenido la posesión de un inmueble no inscrito en el Registro Público de la Propiedad si en las mismas se reconoció la posesión y dominio pleno del inmueble por parte del actor, siempre y cuando no exista prueba alguna de que una persona ajena al procedimiento haya manifestado tener un mejor derecho al del promovente, ni que haya hecho la reclamación mediante un juicio ante autoridad competente en el cual se controvierta dicho derecho, pues de no ser así la autoridad que niegue dicho trámite, se extralimitaría en sus funciones al ser incompetente para determinar si una escritura pública es idónea o no, dado que ello implicaría que se erigiera en órgano jurisdiccional en materia civil, lo cual va en contra del principio de legalidad aplicable en materia administrativa.

(Expediente: R.R. 23/3ª Sala/19. Sentencia del 28 de marzo de 2019).